La reacción a pedradas en el predio usurpado, en la comisaría Tercera y en el municipio no sólo expresan la indignación por un operativo de desalojo que terminó con 11 detenidos.
La resistencia inicial a los policías y a las topadoras, los ataques a los edificios del centro y los insultos a viva voz también son signos de un tiempo que se aceleró mucho más rápido de lo que seguramente querían esas autoridades cuestionadas.
La demanda por tierra y vivienda nunca desapareció en la región. Por el contrario, las necesidades crecieron en los últimos años. Lo que empezó a mutar fue la metodología de reclamo, con una creciente adhesión a las ocupaciones de terrenos fiscales o privados.
El gobierno rionegrino detectó un riesgo en la trascendencia nacional de las tomas de Guernica y Entre Ríos, sumadas a los conflictos que se potenciaron en la cordillera por los reclamos de grupos que dicen formar parte de comunidades originarias.
Por eso hubo apuro por lanzar un plan provincial para el acceso a la tierra, con proyecciones de 12.000 lotes de entre 200 y 300 metros cuadrados para los próximos cinco años.
Más allá de no dejar claro hasta el momento desde dónde provendrán los fondos para dotar con servicios a esos terrenos, el solo anuncio realizado por la gobernadora Carreras supone desafíos particulares y complejos en Roca.
En la ciudad ya funciona un banco municipal de tierras. El gobierno local se jacta de sus logros, asegurando que esa política temprana evitó que la ciudad padezca conflictos sociales similares a los vividos muy cerca con las tomas.
¿Aceptará la intendencia abrir sus registros, compartirlos con el gobierno provincial y poner a disposición los loteos sociales de la ciudad para una demanda administrada en forma conjunta?
Los detalles del plan presentado por la gobernadora apuntan en ese sentido. Un Banco Provincial de Tierras, que registrará los inmuebles públicos y privados nacionales, provinciales y municipales; un Registro Provincial de la Demanda, que centralizará los registros existentes y los municipales a crear. Y un Consejo Provincial, integrado por referentes del Ministerio de Gobierno y Comunidad y del IPPV, además de Planificación, Tierras, Municipios, Cooperativas y Mutuales, para coordinar acciones de las políticas de generación del suelo urbano.
Sin dudas, la responsabilidad compartida en la administración de los inmuebles acotaría mucho el riesgo de discrecionalidad en las entregas.
Se evitarían, por caso, las sospechas que rodearon al gobierno roquense el año pasado, cuando un referente barrial y dirigente de la CTA acusó al municipio de garantizarles lotes a integrantes de una organización que adhirió a la campaña proselitista del Frente de Todos, relegando a familias que estaban inscriptas en los registros desde tiempos anteriores que los beneficiados.
Lo ocurrido el fin de semana dejó claro que la problemática habitacional no distingue entre Municipio y Provincia. Y mucho menos repara en la historia de disputas entre esos dos gobiernos.
La rueda volvió a girar. Después de no lograr una coordinación efectiva para gestionar la crisis por la pandemia, otro emergente ofrece la oportunidad de establecer vínculos maduros. Y la presión parece ser bastante fuerte para arriesgarse a que la bomba estalle en las manos del otro, sin ser alcanzado por las esquirlas.
Por Hugo Alonso halonso
