A través de un comunicado de prensa, el Colegio de Abogadas y Abogados de General Roca, manifestó su desacuerdo con la determinación del gobierno provincial de retornar a fase 1 en el Departamento General Roca.
«Habiendo tomado conocimiento del anuncio efectuado por la gobernadora Arabela Carreras, adherimos y apoyamos los esfuerzos de prevención del Covid-19. y en ningún caso avalamos conductas antisociales que contraríen dichos objetivos. Somos conscientes de la saturación del sistema de salud, del gran esfuerzo que hacen sus integrantes y el pesar de aquellos que atraviesan la enfermedad, o peor aún, perdieron un ser querido. No obstante, tenemos al deber institucional de señalar, con énfasis e independencia, que las limitaciones y restricciones a los derechos de la ciudadanía a fin de combatir la pandemia, deben ser razonables y limitadas a lo estrictamente necesario, conforme la establece la Constitución Nacional y Provincial», explicaron.
Agregaron desde el Colegio de Abogadas y Abogados que «a más de cinco meses del inicio de la pandemia, el retroceso completo a la denominada fase 1, no resulta una medida razonable en los términos del Art. 28 de la Constitucion Nacional, ya que las circunstancias actuales son sustancialmente distintas a las existentes en el mes de marzo. Según el anuncio oficial, hubieron sendas inversiones en el sistema de salud; se han puesto en funcionamiento protocolos para todas las actividades económicas, profesionales y recreativas, los cuales fueron exitosos; la conciencia en relación a la prevención del Covid-19 se ha fortalecido en la sociedad; se puede observar cotidianamente el uso general del barbijo, la limpieza de manos con alcohol y el distanciamiento; y si bien los casos activos son muchos en la provincia (1545), no representan más del 0,2% de la población rionegrina cifra que demuestra que la gran mayoría de la sociedad obra con total responsabilidad, más allá de realizar actividades económicas, profesionales y recreativas».
Añaden desde la entidad que se conoce el nexo epidemiológico de los contagios, producto primordialmente de las reuniones sociales, siendo en este aspecto donde deben concentrarse los esfuerzos de prevención, disuasión y sanción».
En este sentido manifestaron que resulta «excesivo limitar notablemente y en forma general, la libertad de circular y prohibir el ejercicio de derechos individuales y sociales, como el de trabajar, ejercer industria lícita, etc, en todas aquellos contextos que son claramente individualizados y se conoce que no representan causa de contagio. A dichos fines, cuenta el Estado con las herramientas legales apropiadas para intervenir de manera más precisa e idónea, sin afectar en forma indiscriminada el funcionamiento del conjunto de la sociedad».
En cuanto al servicio de Justicia, «la implementación de protocolos y regulaciones adoptadas hasta la fecha por el Superior Tribunal de Justicia, ha demostrado que las mismas fueron eficaces, ya que no se ha registrado ningún caso con nexo epidemiológico originado en el mismo. Todo ello, sumado a la implementación del expediente digital, desaconseja cualquier retroceso y hacen innecesario limitar el acceso a la justicia».
«Por lo expuesto, exhortamos a la gobernadora a fin de dejar sin efecto la medida mencionada, garantizando el ejercicio de los derechos civiles y la plena vigencia de la Constitución. Asimismo, exhortamos al Superior Tribunal de Justicia a no limitar, restringir o reducir la prestación del servicio de Justicia», finalizaron desde el Colegio de Abogadas y Abogados de Roca.
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